La agenda política de esta semana ha estado marcada por la visita de un grupo de alto nivel de la OEA, formado por los ministros de Relaciones Exteriores de varios de los países miembros de esta organización.
Por Susana Mosquera Monelos. 30 noviembre, 2022. Publicado en Semana, el 27 de noviembre de 2022.
Su visita es consecuencia de la solicitud formal de activar la Carta Democrática Interamericana realizada desde el Ejecutivo el 12 de octubre, al día siguiente de conocerse la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía contra el presidente.
En un contexto de enorme crispación y tensión política, el llamado a la OEA tiene la intención de lograr la mediación de un tercero imparcial que “con sus buenos oficios ayude a crear espacios de diálogo que ayuden a preservar la gobernabilidad y la democracia en el país”.
Para entender lo que implica la activación de este instrumento internacional corresponde aclarar su naturaleza y objetivos. La Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001 en sesión de la Asamblea General celebrada en Lima, no es otra cosa que un instrumento que refuerza un elemento estructural de la OEA: la defensa de la democracia representativa.
Su fecha y lugar de aprobación no son casuales, puesto que en el 2001 el Perú regresaba a la ruta de la democracia representativa; pero, al igual que este, muchos otros países de la región han tenido, y siguen teniendo, dificultades para mantenerse dentro de los estándares adecuados de calidad democrática. De ahí la importancia de contar con una carta que no solo ofrece una definición de los elementos y componentes esenciales de la democracia representativa, sino que establece herramientas de acompañamiento a los gobiernos.
La Carta Democrática Interamericana
Esta carta se enmarca en el contexto de una agenda global de defensa de la democracia, como mejor sistema para la protección de los derechos humanos, en aras a lograr instituciones fuertes que ayuden a consolidar el desarrollo de los estados. Por eso, tiene que entenderse en relación con la agenda para el desarrollo aprobada por la ONU en el 2000 y en línea con las reflexiones sobre el determinismo de la democracia en ese inicio del nuevo siglo. De ahí que la carta abra su articulado estableciendo: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.
Lamentablemente, la experiencia y ejemplos que llegan desde distintas partes del mundo han servido para comprobar el error de ese planteamiento, pues la democracia no siempre impulsa el desarrollo social, político y económico. En las últimas décadas, hemos visto cómo la economía también prospera en modelos que restringen las libertades y no convocan elecciones libres; cómo la democracia no ha logrado cerrar la brecha social que existe dentro de muchas sociedades democráticas; o cómo el desarrollo político no funciona en sistemas que permiten la participación a través de un proceso electoral pero que no establecen mecanismos de diálogo entre representantes y representados.
No obstante, a pesar de esas limitaciones, se mantiene el consenso de que la democracia representativa sigue siendo el menos malo de los sistemas de gobierno que el hombre ha podido formular, pero necesita de herramientas de vigilancia que lo ayuden a funcionar. Una de esas herramientas viene del acompañamiento que los gobiernos reciben de sus pares a través de la participación en estructuras de cooperación internacional.
El rol de la OEA
Debido a lo anterior, el papel de la OEA es crear un foro de colaboración entre los gobiernos de los estados americanos, no como supraestructura de imposición o mandato, sino como fórmula de trabajo en grupo. Pero, para ese trabajo en equipo es importante señalar que hay unas reglas base que deben cumplirse. Así, la Carta Democrática sirve para recordar a todos los países que si quieren seguir haciendo ostentación de su condición democrática deben cumplir unos elementos básicos: respetar los derechos humanos, garantizar el ejercicio del poder conforme a las reglas del estado de derecho, celebrar elecciones periódicas, libres y justas, garantizar un sistema plural de partidos y asegurar la separación e independencia de los poderes públicos.
Esto quiere decir que, la democracia representativa no se logra de forma instantánea convocando elecciones libres y periódicas, los otros elementos básicos son igualmente esenciales. Finalmente, la parte más significativa y novedosa de la Carta Democrática está en sus artículos del 17 al 21, puesto que ante una situación de riesgo para la democracia se activa algo cercano a la responsabilidad de proteger, ya sea a petición o consentimiento del gobierno concernido, o a solicitud de cualquier estado o del secretario general de la OEA, en casos muy graves.
Este es el contexto en el que la misión de la OEA se ha movido en Perú durante esta semana: por la activación de esa función preventiva que -a petición del ejecutivo- impulsa un mecanismo de acompañamiento para determinar si los elementos estructurales de la democracia representativa descritos en la carta se están garantizando adecuadamente en estos momentos en Perú.
La OEA en el Perú
Las reuniones que la misión de la OEA ha tenido en estos días han debido servir para obtener información directa respecto a cómo funciona la democracia representativa peruana en este momento. Pero bien difícil será entender un escenario tan complejo como el peruano en una visita de 3 días, estructurada en 27 reuniones cuando muchos de los expertos en derecho, ciencia política, economía y otras disciplinas, llevan 5 años tratando de hacerlo.
Corresponde por tanto ser cautelosos y sinceros sobre las expectativas que podamos tener respecto del informe que elabora la OEA, puesto que por varias razones su efecto será bastante limitado.
En primer lugar, esta organización es un foro de estados en el que están representados los ejecutivos de cada país. Las decisiones que tome son, en buena cuenta, fruto de los acuerdos y alianzas que los propios estados deciden establecer, y de los tratados que han firmado y ratificado.
Con una estructura institucional limitada, la OEA depende del impulso de los estados y de la recepción interna de sus normas y recomendaciones. Así, la delegación ha sido una visita de los ministros de Relaciones Exteriores de un grupo representativo de países de la región que han desempeñado el rol de buenos oficios a petición del gobierno de otro estado, nada menos y nada más.
Segundo, la Carta Democrática Americana no es un tratado y no cuenta con un tribunal que vigile su cumplimiento ante el que se pueda presentar algún tipo de queja o denuncia que active un sistema interno de recepción de un fallo vinculante contra el Estado. Es un documento que sugiere, recuerda y recomienda el respeto a la democracia participativa en la región bajo el entendimiento de que esta es la fórmula de gobierno más respetuosa para los derechos de la población, pero carece de la capacidad para imponerse dentro del ordenamiento interno de los estados. Por ese motivo, hemos podido observar cómo la Carta convive en una América en la que proliferan fórmulas poco democráticas, o en las que la defensa de los derechos humanos es un objetivo todavía distante.
Tercero, en el supuesto de que la misión enviada elabore un documento crítico (ya sea respecto al Ejecutivo, al Congreso o a alguno de los otros poderes del Estado) la realidad es que la solución al problema seguirá estando en sede nacional. No es posible que desde una instancia internacional se revise el texto constitucional, se modifique la interpretación constitucional del articulado, se emita una sentencia del Tribunal Constitucional o se resuelva la difícil convivencia entre los distintos poderes del Estado.
El derecho internacional no tiene la capacidad para resolver los problemas del sistema político o jurídico interno, pero sí puede ofrecer herramientas de análisis e interpretación que ayuden a los operadores jurídicos estatales a realizar una labor de modo más eficaz.
Considerando los problemas de un mundo fuertemente interconectado no es posible aceptar que la solución de problemas complejos se encuentre sin tomar en cuenta los datos que llegan desde foros técnicos de nivel global. Con un sabio mecanismo que favorezca la acomodación normativa de las obligaciones internacionales en el derecho interno, el Estado podría lograr avanzar por ese pasillo estrecho que lleva a la protección de las libertades que promueven el desarrollo de la sociedad sin renunciar a la función de gestionar de forma eficaz el bien común desde el nivel nacional.
Este es un artículo de opinión. Las ideas y opiniones expresadas aquí son de responsabilidad del autor.
